Ordenanza Reguladora de la ocupación pública con mesas y sillas y otros bienes muebles, del Ayuntamiento de Andratx
Esta Ordenanza se fundamenta en la necesidad de intentar dar una respuesta apropiada al importante volumen de solicitudes de ocupación de vía pública que se presentan diariamente ante el Ayuntamiento de Andratx y que plantean, a su vez, un amplísimo y variado abanico de actividades, instalaciones y usos en el dominio público.
Así pues, la Ordenanza se justifica, por una parte, en la intención de derogar y dejar sin aplicación la Ordenanza de ocupación de vía pública con mesas, sillas y otros bienes muebles y, por otra parte, en la voluntad de aprobar una nueva norma que aspira a dar solución a la diversidad de solicitudes para el aprovechamiento de los terrenos de dominio público con elementos o instalaciones autorizadas que sirvan como complemento de las industrias de restauración, comercio u otro tipo de establecimientos que, por sus características, requieran el uso de los mismos. Así como regularizar la ocupación de la vía con material y/o maquinaria de construcción.
En esta nueva Ordenanza se han introducido modificaciones en todos aquellos aspectos en los que se habían detectado carencias o desajustes y se han incorporado nuevos elementos de mobiliario autorizables y supuestos de hecho que no habían sido regulados hasta ahora, pero que eran habituales en la realidad cotidiana de la ciudad, todo ello con la finalidad de mejorar el marco jurídico y práctico de la ocupación del dominio público municipal. También se ha introducido los elementos, materiales y maquinaria de construcción. En definitiva, una gestión municipal más eficaz y un mejor servicio a la ciudadanía.
Por lo tanto, el objetivo principal que motiva esta norma es el interés público de tratar de paliar la actual situación de anomia, ausencia parcial de regulación jurídica y/o existencia de lagunas legales en la normativa vigente en materia de ocupación de vía pública del municipio, así como de racionalizar el régimen de autorización del aprovechamiento de los terrenos de dominio público, para armonizarlos con el uso común de la ciudadanía, cuya protección debe ser prioritaria, y para compatibilizar, en la medida de lo posible, los intereses públicos y privados.
